Introducción

La censura de libros en las bibliotecas de Estados Unidos se ha convertido en un fenómeno de gran relevancia social y cultural. En los últimos años, numerosas obras han sido retiradas temporal o permanentemente de escuelas y bibliotecas debido a denuncias relacionadas con sus contenidos. Los libros cuestionados suelen abordar temas controvertidos. Este aumento de prohibiciones y restricciones ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho de los lectores a acceder a una amplia diversidad de ideas. Quienes apoyan la retirada de ciertas obras argumentan que algunos contenidos resultan inapropiados para menores o contradicen los valores de determinadas comunidades. En cambio, sus críticos consideran que estas medidas son una forma de censura y pueden impedir que determinada población lectora conozca realidades distintas de las propias. La llamada censura récord de libros también plantea interrogantes sobre el papel de las bibliotecas en una sociedad democrática. No olvidemos que estas instituciones no solo conservan y ofrecen materiales de lectura, sino que también promueven la diversidad, la inclusión y el libre acceso al conocimiento. Conocer el crecimiento de las prohibiciones permite comprender las tensiones culturales y políticas que atraviesan actualmente a Estados Unidos, así como la importancia de proteger la libertad intelectual y la diversidad de voces.

Dada la función democrática que desempeñan las bibliotecas en los Estados Unidos, estas instituciones deben garantizar el acceso de las personas a diversas perspectivas, conocimientos y experiencias. Su misión consiste en ofrecer materiales diversos para que cada lector pueda formar su propio criterio, incluso cuando algunas ideas resulten incómodas, polémicas o distintas de sus convicciones personales. Este fenómeno obliga a reflexionar sobre quién debe decidir qué pueden leer los ciudadanos y bajo qué criterios. Aunque es legítimo debatir sobre la edad adecuada para acceder a ciertos materiales, las decisiones no deberían basarse únicamente en presiones políticas, prejuicios o intereses particulares. Las bibliotecas tienen la responsabilidad de actuar con criterios profesionales, transparencia y respeto a la pluralidad, promoviendo la orientación de las familias y la educación crítica antes que la eliminación de obras. La práctica de la censura impide que sigan siendo espacios abiertos, incluyentes y fundamentales para la participación democrática. No está de más recordar que las prohibiciones de libros pueden afectar directamente la libertad intelectual y el derecho a la información. Cuando una obra es retirada por abordar ciertos temas incómodos, como aquellos que suelen generar tensión o debate porque tocan valores personales, miedos, tabúes y prejuicios, se corre el riesgo de ocultar realidades importantes para determinados grupos, especialmente para los que históricamente han tenido poca representación. En lugar de permitir que los lectores desarrollen herramientas para analizar críticamente esos contenidos, la censura impide el diálogo y reduce la diversidad de voces disponibles en el espacio público.

La bibliotecología/biblioteconomía social no concibe la biblioteca como un contenedor organizado de libros, sino como un espacio de resistencia democrática y un dispositivo de justicia social. Por ende, la percibe como un agente activo en la defensa de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, la oleada sin precedentes de censura y retirada de libros que atraviesa las bibliotecas de Estados Unidos —impulsada por presiones políticas y grupos conservadores— no representa un simple debate sobre la conveniencia de ciertos contenidos, sino un ataque directo e intencionado contra la libertad de información, la equidad de acceso y el pluralismo ideológico en la esfera pública. El hecho resulta especialmente crítico porque las obras bajo la lupa no se eligen al azar. El blanco principal de esta censura masiva son las historias, narrativas e identidades de comunidades históricamente marginadas, en particular los colectivos LGBTQ+ y las personas de color. Al restringir el acceso a estos materiales, la censura no solo despoja a las minorías sociales del derecho vital a verse reflejadas en las colecciones públicas, sino que también priva a la comunidad en su conjunto de la oportunidad de cultivar la empatía, el conocimiento crítico y la comprensión intercultural en un tejido social de por sí polarizado. Frente a esta crisis de escala récord, se debe procurar abandonar la pasividad y asumir una postura ética firme. Los bibliotecónomos sociales no somos meros custodios de estantes, sino defensores de la justicia social y del acceso universal al conocimiento. Responder a esta censura sistemática implica reivindicar la biblioteca como un bien común innegociable, pues la diversidad bibliográfica debe protegerse activamente como un pilar imprescindible para la salud democrática de la sociedad.

En la democracia contemporánea estadounidense, las bibliotecas públicas y escolares han operado históricamente como bastiones fundamentales para el acceso equitativo al conocimiento, la diversidad de ideas y el desarrollo del pensamiento crítico. Sin embargo, en el contexto sociopolítico actual, estas instituciones atraviesan un periodo de marcada vulnerabilidad. Lo que en apariencia se presenta como una serie de debates locales sobre idoneidad pedagógica o supervisión parental, se ha revelado como una ofensiva coordinada contra la pluralidad de contenidos. Esta dinámica no solo busca restringir el acceso a obras enfocadas en cuestiones de género, raza y diversidad, sino que también utiliza el sistema bibliotecario como un escenario para disputar el control del relato cultural. Al instrumentalizar la censura, se impone un clima de persecución que altera la misión central de las bibliotecas y amenaza directamente los principios democráticos de inclusión y libertad de información.

Aumento sin precedentes de libros censurados en bibliotecas

A lo largo de la historia de los Estados Unidos, el control sobre la lectura ha funcionado como un termómetro de las tensiones sociopolíticas del país, desde las prohibiciones del siglo XIX sobre literatura abolicionista en el Sur hasta el pánico anticomunista de la Guerra Fría. Sin embargo, el fenómeno actual no tiene parangón por su naturaleza sistemática. A diferencia de los episodios del siglo XX, donde la censura solía responder a objeciones locales y espontáneas de padres de familia sobre títulos individuales, el ciclo contemporáneo está impulsado por campañas altamente organizadas y coordinadas a nivel nacional, que utilizan la legislación estatal y la presión política para retirar cientos de libros de manera simultánea. Este vertiginoso incremento se enmarca en un patrón histórico recurrente, ya que las olas de censura suelen intensificarse durante periodos de rápido cambio demográfico y cultural.

Así como a mediados del siglo XX las listas de libros prohibidos buscaban frenar el avance de los derechos civiles y la integración racial, el blanco principal de la ofensiva actual son las obras que abordan temas de diversidad cultural, como se expone en el siguiente apartado. Históricamente, restringir el acceso a ciertos libros ha sido una herramienta central para contener el cambio social y delimitar qué identidades se consideran legítimas en la esfera de la memoria nacional. En perspectiva, este vertiginoso aumento de cuestionamientos a las colecciones bibliotecarias evidencia una lucha por la hegemonía cultural en un entorno de marcada polarización social y política. Tras la Segunda Guerra Mundial, las bibliotecas públicas y escolares se erigieron en la tradición estadounidense como pilares de la educación cívica y la libertad de expresión. Hoy, sin embargo, se ven forzadas a redefinir su papel. La escala de este movimiento no solo desmantela décadas de acuerdos sobre la libertad intelectual, sino que sitúa el derecho a la lectura en el centro mismo de las batallas contemporáneas por la definición de la democracia estadounidense.

En un artículo publicado el 21 de abril de 2026 en el periódico mexicano La Jornada (con información de la agencia AP) destaca un aumento sin precedentes de libros censurados en los Estados Unidos, subrayando que este fenómeno no es una reacción espontánea de padres de familia preocupados, sino una estrategia con profundas motivaciones políticas. La información pone de manifiesto una problemática creciente en el sistema educativo y cultural de ese país, pues es una grave realidad el incremento histórico de actos de censura y prohibición de libros en bibliotecas públicas y escolares. Lejos de tratarse de incidentes aislados o de manifestaciones orgánicas por parte de padres de familia preocupados por las lecturas de sus hijos, se sabe que este fenómeno responde a una agenda política coordinada y estructurada. Es decir, organizaciones conservadoras, apoyadas en ocasiones por figuras políticas y leyes locales recientemente promulgadas, han impulsado campañas masivas para retirar títulos de los estantes. Efectivamente, esta ola de censura ha ido de la mano con la promulgación de numerosas leyes, tanto estatales como federales, orientadas a regular y limitar en los colegios públicos la lectura de material bibliográfico considerado como inadecuado. De modo que varias legislaturas estatales han aprobado normas estrictas que obligan a las escuelas a auditar y purgar sus catálogos de bibliotecas. Se sugiere leer al respecto el documento de Madison Markhan The bills igniting book bans que trata sobre los proyectos de ley que están provocando la prohibición de libros en los Estados Unidos. Esta «legislación depredadora» (leyes que benefician desproporcionadamente a un grupo de poder o interés económico a expensas del bienestar público y de los derechos ciudadanos) se ha complementado recientemente con las órdenes ejecutivas y políticas a nivel federal.

Estudiantes frente a la escuela secundaria St. Francis protestando contra la prohibición de libros en su distrito, antes de que se revocara dicha prohibición. Fuente: PEN America.

Más aún, el pasado 4 de septiembre Santiago Vanegas aseveró en BBC News Mundo que continúa “el crecimiento imparable de la prohibición de libros en las escuelas públicas de EE.UU.”. De tal manera que la prohibición y retirada de libros en escuelas y bibliotecas públicas han alcanzado niveles sin precedentes en los últimos tres años, según datos de organizaciones como la American Library Association (ALA) y PEN America. Esta ola de censura abarca desde clásicos literarios y novelas galardonadas como Homegoing de Yaa Gyasi o A Clash of Kings (Choque de reyes), hasta obras centradas en temas de diversidad cultural. Así, Vanegas afirma: “Las bibliotecas de las escuelas públicas de EE.UU. se han convertido en el campo de una intensa batalla ideológica de la que hacen parte padres de familia, profesores, bibliotecarios, grupos de activistas y políticos en torno a qué libros deben estar disponibles para los niños”. El fenómeno refleja una creciente batalla cultural y legal por el control del contenido al que tienen acceso las comunidades estudiantiles. El impulso detrás de estas restricciones proviene principalmente de grupos conservadores y legislaciones estatales que apelan al "derecho de los padres" a decidir sobre la educación y lecturas de sus hijos. Sin embargo, en la práctica, las medidas han llevado a que muchos distritos escolares opten por una postura preventiva de "retirar primero y preguntar después" para evitar sanciones legales o controversias públicas. Este enfoque cauteloso provoca la eliminación masiva de libros sin una evaluación rigurosa bajo los estándares tradicionales de valor literario, educativo o intelectual. Críticos y defensores de los derechos civiles advierten que el impacto de estas decisiones va mucho más allá de las aulas. Al privar a millones de personas de temprana edad y jóvenes del acceso a diversas perspectivas e historias, se limita la libertad de información. Pero no solo obstaculiza este valor democrático, sino que también compromete el desarrollo cognitivo, la empatía y la salud emocional de la niñez y juventud estadounidense.  Mientras que los defensores de estas medidas argumentan que buscan la protección de la inocencia infantil y la preservación de los derechos parentales, los análisis psicológicos y educativos evidencian un impacto multidimensional, ya que los expertos señalan que cuando las autoridades escolares se repliegan y ceden ante las presiones de censura, la pérdida afecta profundamente los pilares democráticos y el pluralismo de la sociedad estadounidense.

De tal suerte que la ALA informó que los intentos de prohibir o restringir libros en bibliotecas públicas y escolares han alcanzado niveles históricos. En 2025, la cifra de títulos impugnados continuó una tendencia al alza que no se veía desde hacía décadas. A través de su Oficina para la Libertad Intelectual, esa asociación ha puesto en alerta a la comunidad internacional al documentar un incremento sin precedentes en las solicitudes de censura y remoción de libros en los Estados Unidos. Vanegas afirma que “solo en 2025, 6.588 libros fueron censurados en alguna escuela pública del país, un aumento dramático frente a los 70 que se censuraban en promedio cada año entre 2001 y 2020”. Los datos recopilados durante 2025 confirman que la tendencia no solo se consolidó, sino que alcanzó picos históricos de impugnaciones, superando ampliamente los registros de las últimas cinco décadas. De modo que este fenómeno ha alcanzado máximos históricos no vistos en más de cincuenta años, alterando drásticamente el papel tradicional de los centros de lectura y amenazando la libertad de leer. Bajo el respaldo de nuevas leyes locales que prevén sanciones financieras o penales para el personal bibliotecario, la remoción preventiva de títulos clásicos y contemporáneos se ha institucionalizado, desatando una severa controversia constitucional entre el derecho al libre acceso a la información y la imposición de agendas ideológicas en el sistema educativo estadounidense.

Censura concentrada en libros sobre temas de diversidad cultural

Esta ofensiva se ha concentrado principalmente en obras que abordan temas de diversidad sexual, equidad de género, identidad LGBTQ+ y racismo sistémico, atacando textos clásicos y contemporáneos por igual. Al enmarcar el debate en la protección de la infancia, las posturas conservadoras han logrado institucionalizar la remoción de libros, convirtiendo a las bibliotecas y aulas escolares en un frente prioritario de la batalla ideológica y electoral que atraviesa actualmente a la sociedad estadounidense.

Las notas periodísticas citadas desmitifican la idea de que las quejas provienen únicamente de padres individuales preocupados por el contenido de algunos libros que leen sus hijos. En su lugar, señala la influencia de organizaciones conservadoras bien financiadas que proporcionan listas de libros a simpatizantes para que exijan su retiro de forma masiva en múltiples distritos escolares y bibliotecas a la vez. A diferencia de décadas anteriores, cuando un padre de familia o un usuario cuestionaba la conveniencia de un libro específico para su comunidad escolar, las demandas actuales se presentan en forma de listas masivas que abarcan decenas o cientos de títulos a la vez, presentadas por organizaciones políticas articuladas a escala nacional. La inmensa mayoría de las obras objeto de impugnación corresponden a autores de comunidades históricamente marginadas o a libros que abordan temáticas relacionadas con la identidad de género, la diversidad sexual y el racismo sistémico. Títulos galardonados, obras de referencia educativa y literatura juvenil e infantil son retirados preventivamente de las estanterías debido a presiones legales y políticas sobre bibliotecarios y docentes. Esta situación ha estado colocando a las bibliotecas en una encrucijada jurídica e ideológica. Mientras la ALA y diversos colectivos civiles defienden el derecho constitucional a la libre lectura y al acceso a la información, legislaciones promovidas por sectores conservadores han facilitado la remoción de libros bajo la amenaza de sanciones penales o financieras para el personal bibliotecario.

Imagen tomada del periódico La Jornada.

En efecto, la mayoría de los libros objeto de veto comparten características específicas, cuyos contenidos versan sobre:

1] LGBTQ+ (títulos que exploran la identidad de género o la orientación sexual);

2] justicia racial (ejemplares que abordan el racismo sistémico en la historia de EE. UU.); y

3] clásicos modernos (obras consagradas como La naranja mecánica de Anthony Burgess y otros títulos emblemáticos).

El reporte advierte que esta ola de vetos busca limitar el acceso a diversas perspectivas y silenciar voces de comunidades marginadas. La ALA enfatiza que las bibliotecas deben ser espacios de libre acceso al conocimiento y que la censura impuesta a sus catálogos representa una amenaza directa a los valores democráticos. Esta campaña de prohibición es, en última instancia, un intento de reescribir la narrativa social del país, decidiendo quiénes tienen derecho a verse reflejados en la literatura y quiénes deben permanecer en los márgenes del discurso impreso y publicado. Así, la ALA advierte que la sucesión de vetos bibliotecarios no constituye un fenómeno aislado, sino una estrategia coordinada diseñada para limitar el acceso a perspectivas diversas y silenciar sistemáticamente las voces de comunidades frecuentemente marginadas. Frente a este panorama, este organismo reafirma que las bibliotecas públicas y escolares deben operar como bastiones inquebrantables de libre acceso al conocimiento, donde la curiosidad intelectual no esté sujeta a sesgos ideológicos ni a presiones políticas externas. La censura impuesta sobre determinadas obras distorsiona la función cultural de estas instituciones y atenta directamente contra los principios fundamentales de una sociedad plural. Esta campaña de prohibición representa, desde otro punto de vista, un esfuerzo deliberado por hegemonizar la narrativa social del país, reservando el derecho a la representación literaria para unos pocos, mientras condena a sectores enteros a la invisibilidad y a la marginación en el discurso público impreso.

No se trata solo de un simple debate pedagógico-bibliotecario, sino también del uso de las instituciones bibliotecarias como un campo de batalla política. Al enfocarse en temas de género y raza, los sectores conservadores buscan movilizar a su base ideológica bajo la bandera de los "derechos de los padres". Sin embargo, la interpretación política sugiere que el objetivo real es definir qué valores deben ser considerados "oficiales" en la identidad nacional estadounidense. De modo que el fenómeno trasciende con frecuencia la mera deliberación técnica sobre criterios de selección y adquisición bibliográfica (desarrollo de las colecciones) o idoneidad pedagógica; en realidad, refleja la conversión de las bibliotecas públicas y escolares en escenarios de una confrontación política altamente polarizada e ideologizada. Al centrar la impugnación de catálogos en temáticas vinculadas a la diversidad sexual, la identidad de género y la historia racial, diversos sectores conservadores han encontrado un catalizador eficaz para movilizar a sus bases ideológicas, articulando su discurso bajo la premisa del «derecho de los padres» a supervisar la formación de sus hijos. Sin embargo, desde una perspectiva de análisis sociopolítico, esta narrativa de protección parental actúa a menudo como un marco retórico que encubre un objetivo de mayor alcance: disputar el control de la hegemonía cultural. Por ende, el propósito de fondo no radica únicamente en regular el acceso a ciertos títulos, sino en institucionalizar una visión dogmática de la identidad nacional estadounidense. Al definir qué temas, autores e impresos merecen formar parte de los acervos bibliográficos públicos y cuáles deben ser excluidos, se busca fijar los contornos de los valores «oficiales» de la nación, reestructurando los espacios institucionales para dictar quiénes participan legítimamente en la memoria colectiva y en la conversación pública del país.

La ética profesional frente al control político de la censura

Uno de los puntos más críticos que podrían derivarse de esta situación es el miedo institucional impuesto por el control político que impone la censura. Por ejemplo, l@s bibliotecari@s al estar bajo el ataque de la censura, corren el riesgo de enfrentar posibles represalias legales o despidos, por lo que optan por no adquirir libros "controversiales" para evitar conflictos. Esta situación no es una mera especulación. El pasado 30 de marzo, la bibliotecaria Luanne James, directora del Sistema de Bibliotecas del Condado de Rutherford, en Tennessee, tras una trayectoria de 25 años de servicio ejemplar, fue destituida de su cargo por negarse a retirar varios libros infantiles. En este sentido, el aspecto más alarmante de esta dinámica trasciende la remoción física de volúmenes en los estantes; radica en la instauración de un clima de miedo institucional estructural que paraliza la labor bibliotecaria. Cuando la censura deja de ser una presión externa esporádica y se convierte en una política respaldada por sanciones disciplinarias, acciones legales o la pérdida del sustento económico, se desencadena un fenómeno de autocensura preventiva. Frente al riesgo inminente de represalias corporativas o de persecución legal, los equipos de gestión optan por la abstención. Es decir, prescindir de la adquisición de títulos «controversiales» antes de que puedan generar fricción. Este filtro silencioso destruye la imparcialidad del catálogo sin necesidad de emitir un veto explícito, erosionando de forma invisible la diversidad del acervo.

Esta vulnerabilidad institucional quedó evidenciada con el caso de Luanne James, ahora exdirectora del Sistema de Bibliotecas del Condado de Rutherford, Tennessee, quien fuera destituida por la junta directiva del sistema tras negarse firmemente a reubicar más de un centenar de libros infantiles con temáticas LGBTQ+ y de diversidad. La decisión de James —fundamentada en la defensa de la Primera Enmienda y el código ético de la profesión bibliotecaria frente a la discriminación por punto de vista— evidencia que el ejercicio del criterio técnico y la resistencia pacífica conllevan hoy costes laborales directos en el sector público. Desde una perspectiva crítica, el caso de James demuestra cómo la politización de los órganos de gobierno locales transforma las instituciones culturales en espacios de represión interna. La destitución de funcionarios ejemplares no solo constituye una vulneración de sus derechos profesionales, sino que funciona como un castigo ejemplarizante diseñado para enviar un mensaje disuasorio a toda la comunidad educativa y bibliotecaria del país: la defensa de la pluralidad y la libertad de lectura se penaliza con el desempleo. Al quebrantar la autonomía profesional mediante represalias punitivas, los sectores que promueven la censura logran subordinar la función pública al control ideológico, supeditando el derecho constitucional de acceso a la información a las agendas políticas de turno.

La ofensiva ideológica contra el sistema bibliotecario no representa una simple disputa sobre la selección de libros, sino un síntoma alarmante de la degradación del debate democrático. Cuando el miedo a represalias legales y laborales fuerza la autocensura de los profesionales, la libertad de lectura deja de ser un derecho garantizado para convertirse en un terreno de constante disputa. El despido de figuras comprometidas, como la bibliotecaria Luanne James, pone en evidencia la gravedad del problema, pues no solo se están retirando volúmenes de los estantes, sino que también se está desmantelando la autonomía técnica de las instituciones diseñadas para salvaguardar el conocimiento. Defender la pluralidad de los catálogos bibliotecarios es, en última instancia, defender la sustancia misma de una sociedad abierta y equitativa. Reducir las bibliotecas escolares y públicas de los Estados Unidos a un reflejo de agendas ideológicas particulares no solo condena a las comunidades marginadas a la invisibilidad, sino que también invalida el propósito histórico-teórico de estas instituciones como espacios de encuentro, pensamiento crítico y alfabetización democrática. Proteger a quienes custodian la información ante el asedio de la censura es un deber ético ineludible si se aspira a preservar el derecho de cada ciudadano a leer, pensar y existir libremente en el marco del discurso público.

Imagen: The Associated Press

El conflicto político se originó cuando la Junta de la Biblioteca ordenó trasladar 132 libros infantiles —muchos de ellos relacionados con temas referentes a la diversidad, justicia social o temática LGBTQ+— desde la sección infantil y juvenil a la parte de adultos, al considerarlos inapropiados para menores. Esa Junta se basó en una revisión de “adecuación por edad”, señalando que dichos materiales promovían la “confusión de género”, término frecuentemente utilizado en la plataforma política conservadora actual para restringir el acceso a materiales sobre diversidad sexual. Sin duda, este caso es un ejemplo emblemático de cómo las juntas de bibliotecas están siendo ocupadas por sujetos ideologizados convertidos en censores, transformando así la administración de libros en una lucha de poder institucional. Está claro que la destitución de James no fue por un mal desempeño administrativo, sino por un choque frontal entre la autonomía técnica bibliotecaria y la agenda política conservadora de ciertos funcionarios locales.

Luanne James defendió su postura de rechazar la instrucción argumentando que no estaba de acuerdo con vulnerar la libertad de expresión, en virtud de los principios éticos de la profesión bibliotecaria que orientan y motivan su labor. Así, ese órgano colegiado votó 8 a 3 a favor de su salida inmediata. James declaró que su código de ética profesional y su juramento constitucional le impedían acatar una orden que ella consideró como censura ilegal. De esta manera, se manifestaron las dos caras de la moneda. Para los defensores de la bibliotecaria, es considerada paladín de la libertad intelectual que sacrificó su carrera por principios democráticos; para sus detractores, fue un acto de insubordinación por parte de una funcionaria que se negó a seguir las directrices de una junta elegida para representar los valores de la comunidad.  Sin duda, el caso de Luanne James sintetiza el dilema ético y jurídico fundamental que enfrentan los servidores públicos encargados de custodiar la información bibliográfica organizada en determinados contextos de fuerte polarización política: la tensión entre la legitimidad democrática de origen y la legitimidad ética del ejercicio profesional. La votación de 8 a 3 por parte de esa junta directiva para hacer efectiva su salida inmediata no representa únicamente un trámite administrativo; constituye la escenificación del choque entre dos concepciones irreconciliables de la función pública y la gobernanza institucional. Ciertamente, la postura de James apela a un marco ético superior respaldado por el Código de Ética de la American Library Association y el marco de la Primera Enmienda constitucional. Desde esta perspectiva, la responsabilidad del personal bibliotecario no radica en complacer los sesgos mayoritarios ni en actuar como un filtro ideológico, sino en garantizar el acceso universal a la pluralidad del pensamiento humano. Al calificar la orden de la junta como una «censura ilegal» y apelar a su juramento constitucional, esta bibliotecaria sostiene que la lealtad de un funcionario público se debe a los derechos fundamentales de la ciudadanía y a los principios democráticos que protegen a las minorías, no a las instrucciones arbitrarias de un cuerpo político de turno. Su rechazo no se articula como una simple rebeldía personal, sino como un acto de objeción de conciencia profesional frente a la instrumentalización ideológica del catálogo. No obstante, Maya Yang escribió el pasado 31 de marzo en el periódico británico The Guardian: “Tras el despido de James, Kasey Meehan, directora del programa «Freedom to Read» (Libertad de Leer) de PEN America, declaró que la bibliotecaria destituida «demostró su profundo compromiso con la libertad de lectura y los principios de la biblioteconomía, a un alto precio».”

Cabe tener presente el contexto. Tennessee es un estado profundamente conservador. Es uno de los principales estados que han respaldado la iniciativa del gobierno de Trump para imponer limitaciones ideológicas al material de lectura y a la enseñanza infantil. Tennessee es el estado que ha aprobado leyes destinadas a limitar el uso de los principios de diversidad, equidad e inclusión. Recordemos que el presidente Donald Trump también firmó el año pasado una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos federales para promover la "ideología de género". De tal modo que, aunque el despido de la bibliotecaria Luanne James fue ejecutado por una junta local, este hecho se enmarca en un clima político nacional influenciado directamente por la administración actual y su retórica sobre la protección de la infancia y la oposición a las políticas de diversidad de género.

La censura invisible y la erosión de la Declaración sobre la libertad de leer

La prohibición sistemática de obras provoca un empobrecimiento silencioso pero profundo de las colecciones y servicios bibliotecarios. Este proceso instaura una censura invisible en la que los materiales no necesitan ser retirados físicamente de las estanterías; simplemente, nunca llegan a incorporarse al acervo. A través de este filtro preventivo, se restringe de manera drástica el acceso de la niñez y juventud a realidades diversas y complejas antes de que el debate plural pueda siquiera comenzar en el espacio público. Históricamente, la biblioteca pública estadounidense ha sido valorada como un bastión fundamental para la construcción y sostenibilidad de una sociedad democrática. Sin embargo, la instrumentalización política de estos vetos evidencia una profunda desconfianza hacia la diversidad en la esfera pública. Al vulnerar la integridad de los acervos y cuestionar el criterio profesional de la gestión bibliotecaria, se erosiona progresivamente la confianza comunitaria en la institución. A largo plazo, esta pérdida de legitimidad prepara el terreno para justificar recortes presupuestarios, el desmantelamiento de servicios de información o incluso su privatización. Resulta profundamente irónico que, en una nación que enarbola la Primera Enmienda como garante supremo de la libertad de expresión, las campañas de censura se legitimen bajo el argumento de la protección de los derechos parentales. No obstante, una interpretación legal y social rigurosa advierte que el ejercicio de la libertad individual no puede derivar en la anulación del derecho colectivo. El derecho de un padre a guiar la lectura de su propio hijo no debe traducirse en la potestad de vetar el acceso a dicho material para el resto de los integrantes de la comunidad, dinamitando así la esencia democrática de la libertad de leer.

Según la lista anual, difundida por la ALA, los esfuerzos de censura se concentran predominantemente en obras catalogadas de manera simplista como «inapropiadas» por diversos grupos de presión. Esta calificación, utilizada a menudo como un marco retórico para estigmatizar contenidos sobre diversidad e identidad, busca despojar a las obras de su contexto académico y valor literario. Frente a esta visión reduccionista, los profesionales de la información defienden que la inclusión de dichos títulos en el acervo responde a criterios de calidad, rigor pedagógico y relevancia formativa, garantizando que los usuarios dispongan de herramientas para comprender la complejidad del mundo contemporáneo. Al supeditar la pertinencia de una lectura a las objeciones morales de grupos de interés particular, se descalifica la autonomía técnica y la formación especializada del personal bibliotecario. Esta sustitución del criterio profesional por la presión ideológica altera la función social de las bibliotecas, transformándolas de espacios incluyentes de aprendizaje en receptáculos de prescripciones morales. Como consecuencia, la estigmatización de los títulos censurados frena la renovación equilibrada de las colecciones y empobrece el debate intelectual, privando a las comunidades usuarias y lectoras del derecho a evaluar críticamente contenidos de incuestionable mérito educativo.

El fenómeno de la censura de libros, como obstáculo a la libertad de leer, en los Estados Unidos no es nuevo. Una muestra es que el 25 de junio de 1953 la ALA emitió, en la Conferencia de Westchester, The Freedom to Read Statement (enmendada el 28 de enero de 1972, el 16 de enero de 1991, el 12 de julio de 2000 y el 30 de junio de 2004). En esa declaración se aduce:

La libertad de lectura es esencial para nuestra democracia, pero hoy en día está siendo atacada. Grupos particulares y funcionarios públicos de distintas partes del país trabajan para eliminar o limitar el acceso a materiales de lectura, censurar contenidos en las escuelas, calificar de «controvertidos» ciertos puntos de vista, difundir listas de libros o autores «indeseables» y purgar las bibliotecas Al parecer, estas acciones surgen de la idea de que nuestra tradición nacional de libre expresión ya no es válida; de que la censura y la supresión son necesarias para contrarrestar amenazas a la seguridad pública o nacional, así como para evitar la subversión política y la corrupción moral. Nosotros, como personas dedicadas a la lectura y como bibliotecarios y editores responsables de la difusión de ideas, deseamos reafirmar el interés público en la preservación de la libertad de lectura.

Aquella histórica declaración de la ALA, surgida bajo la histeria anticomunista del McCarthyismo, demuestra que la censura de libros en Estados Unidos no es una crisis reciente, sino una herramienta estructural de control social que se recalibra continuamente frente a las transformaciones sociales, políticas, ideológicas y culturales del país. Como atestiguan sus enmiendas (1972, 1991, 2000 y 2004), los pretextos para limitar el acceso a la lectura han mutado desde la preservación de la "seguridad nacional" frente a la subversión política en la Guerra Fría, pasando por la vigilancia estatal post-11 de septiembre, hasta las actuales "guerras culturales" impulsadas por grupos de presión que apelan al paternalismo moral y los "derechos parentales" para purgar obras sobre diversidad sexual y racismo sistémico. En este escenario, la vigencia de la declaración radica en su capacidad para desenmascarar la paradoja inherente a la censura: una práctica totalitaria que suele justificarse como un acto de protección patriótica, la cual presiona al sistema bibliotecario no solo mediante la supresión explícita de textos, sino también forzándolo a una autocensura previa que erosiona la pluralidad ideológica indispensable para la supervivencia de la democracia estadounidense.

Existe un sólido argumento desde la arista de la biblioteconomía y el derecho constitucional para sostener que The Freedom to Read Statement requiere una nueva enmienda, pues la ola actual de censura en Estados Unidos opera mediante mecanismos que desbordan el marco doctrinal fijado en su última actualización de 2004. Mientras que las versiones anteriores asumían un modelo de censura centrado en la impugnación individual de títulos o en la injerencia estatal por motivos de seguridad nacional, el fenómeno contemporáneo se caracteriza por la captura legislativa e institucional, pues se aprueban leyes estatales que criminalizan la labor bibliotecaria, amenazan con retirar presupuestos públicos, disuelven juntas directivas y despiden personal bibliotecario. Además, la ofensiva ya no ataca doctrinas políticas abstractas, sino que busca la supresión explícita de la memoria histórica del racismo sistémico y la invisibilización de la existencia misma de la comunidad LGBTQ+, amparándose en narrativas coordinadas de pánico moral que distorsionan la función democrática de las bibliotecas. Frente a esta reconfiguración del control social, una enmienda contemporánea debería dejar de apelar a una neutralidad abstracta para enunciar explícitamente la defensa de la diversidad humana y la identidad como derechos imprescriptibles de las comunidades lectoras, al tiempo que rechace la coerción presupuestaria y penal sobre los profesionales de la información. Asimismo, resultaría indispensable extender este blindaje doctrinal al entorno digital, donde el control corporativo de plataformas y licencias de e-books no permita la retirada silenciosa y masiva de obras sin debate público. Aunque la American Library Association ha intentado canalizar esta crisis mediante iniciativas de movilización social como Unite Against Book Bans, actualizar formalmente el texto de 1953 resulta urgente para despojar a los grupos de presión de sus coartadas legales y dotar a las bibliotecas de una postura crítica, activa y jurídicamente sólida ante las guerras culturales del siglo XXI. En el sitio web de Unite Against Book Bans se expresa:

Con más de 200 organizaciones asociadas y decenas de miles de simpatizantes particulares, Unite Against Book Bans conecta, capacita y moviliza al público para defender el derecho a leer en sus comunidades y para derrotar los intentos de censurar material de lectura en todos los niveles de gobierno.

Unite representa a la inmensa mayoría de los estadounidenses que creen en la libertad de lectura. Los miembros de nuestra coalición incluyen lectores, padres, estudiantes, educadores, bibliotecarios y personal bibliotecario, autores, editores, organizaciones comunitarias y de defensa de derechos, empresas y trabajadores, organizaciones sin fines de lucro, grupos religiosos, funcionarios electos, líderes cívicos y otras personas comprometidas dispuestas a oponerse a la censura.

Esta iniciativa cívica es una muestra de resistencia a la censura de libros y de defensa de la libertad de leer en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que la iniciativa de Unite Against Book Bans articula una narrativa contundente basada en la defensa de la democracia y la supuesta representación de una «inmensa mayoría», su discurso revela las complejas tensiones de una polarizada batalla ideológica. Al autodefinirse como un frente transversal que agrupa a diversos sectores de la sociedad, la coalición adopta una postura ética defensiva que, si bien responde al legítimo avance del control político sobre las bibliotecas, también corre el riesgo de homogeneizar a la opinión pública bajo un binario simplificado de «defensores de la libertad» contra «censores». Esta apelación al consenso mayoritario busca deslegitimar las demandas contrapuestas —que muchas veces apelan al derecho preferente de los padres sobre la educación de sus hijos— transformando lo que podría ser un debate sustantivo sobre la selección bibliográfica, las edades recomendadas y la curaduría comunitaria en un enfrentamiento exclusivamente político e institucional.

Censura ideológica y victoria reactiva en la Biblioteca Nimitz

A principios de abril de 2025, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo pública una lista oficial informando la retirada de 381 libros de la Biblioteca Nimitz, perteneciente a la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis. La medida se ejecutó en cumplimiento de las directivas promovidas por el gobierno de Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, orientadas a eliminar contenidos relacionados con diversidad, equidad e inclusión (DEI), teoría racial, género y sexualidad dentro de las instituciones militares. Para llevar a cabo la purga, se utilizó un sistema de búsqueda automatizado por palabras clave. El catálogo retirado abarcaba una amplia variedad de géneros e investigaciones, desde ensayos académicos sobre historia, discriminación y derechos civiles, hasta autobiografías, obras de ficción y memorias centradas en las experiencias de la comunidad LGBTQ+ y la diversidad racial.

La purga inicial de 381 títulos de la Biblioteca Nimitz pone de manifiesto la preocupante efectividad con la que las directivas políticas pueden vulnerar la autonomía académica dentro de las instituciones del Estado. La ejecución de censuras masivas mediante el rastreo automatizado de palabras clave —bajo el amparo de órdenes ejecutivas orientadas a erradicar contenidos sobre diversidad, equidad e inclusión— reduce complejos estudios académicos, obras literarias y testimonios sobre la experiencia LGBTQ+ e histórica a meros conceptos proscritos. Este procedimiento técnico y descontextualizado no solo evidencia un dogmatismo gubernamental que prioriza el control ideológico sobre el rigor intelectual, sino que también sienta un peligroso precedente sobre cómo la infraestructura institucional de la defensa puede ser instrumentalizada para moldear la memoria histórica y la formación del pensamiento crítico en las Fuerzas Armadas.

Imagen: CNN Español

Por otro lado, la posterior restitución de la mayoría de las obras tras el rechazo público y la revisión del Pentágono revela la fragilidad y la improvisación que caracterizaron esta medida. Aunque el retorno de los libros representa una victoria reactiva para la libertad de información, el evento expone una dinámica reactiva donde la salvaguarda de los acervos culturales no depende de principios institucionales consolidados, sino del costo político generado por la indignación ciudadana. Esta fluctuación entre la prohibición arbitraria y la corrección precipitada no borra el efecto amedrentador implantado en la comunidad académica; por el contrario, confirma que los límites de lo que se puede leer, investigar y debatir en espacios oficiales han quedado supeditados a los vaivenes y presiones del poder ejecutivo de turno.

La censura de casi 400 libros sobre raza, género y sexualidad en la Biblioteca Nimitz de esa Academia representa un preocupante retroceso en la formación de los futuros mandos militares. Al catalogar clásicos literarios, biografías y análisis académicos sobre diversidad como contenidos prescindibles o indeseables bajo una directiva política, el Pentágono no solo pretendía vulnerar la libertad de lectura, sino también despojar a los cadetes de herramientas intelectuales clave. La preparación estratégica de un ejército moderno exige comprender la complejidad social del país al que sirve, por lo que censurar el debate sobre la equidad empobrece el pensamiento crítico necesario para el liderazgo militar. Así, esta medida evidencia cómo la polarización ideológica y las agendas gubernamentales contra las iniciativas de DEI están permeando e instrumentalizando las instituciones académicas de las Fuerzas Armadas. Intentar homogeneizar el conocimiento mediante la eliminación de obras que abordan la discriminación o las luchas históricas de las minorías es un acto de ceguera institucional. Al censurar la historia y las distintas realidades sociales en las aulas militares, la institución no protege a sus tropas, sino que las aísla del pluralismo democrático que constitucionalmente están jurando defender.

Conclusión

El fenómeno de la censura en las bibliotecas de Estados Unidos ha alcanzado un nivel nunca antes visto en la historia reciente, transformando estas instituciones de espacios de acceso libre al conocimiento en el centro de disputas sociopolíticas. Este incremento desmedido de prohibiciones no responde a eventos aislados, sino a una estrategia coordinada que vulnera directamente la pluralidad de voces y la libertad de pensamiento, afectando de manera desproporcionada a obras que abordan la diversidad cultural, las identidades de género y la inclusión social.

Asimismo, esta ola restrictiva ejerce una presión extraordinaria sobre los profesionales de la información, situando a la ética bibliotecaria en una encrucijada crítica ante el control y la injerencia política. El personal bibliotecario se ve obligado a defender el derecho de las comunidades usuarias a acceder a una colección diversa, afrontando en muchos casos presiones legales, represalias laborales y acoso público por cumplir con los principios rectores de su profesión.

En este escenario, el deterioro de la función democrática de las bibliotecas se consolida como una de las consecuencias más alarmantes de la censura. Cuando se restringe el acceso a la diversidad de contenidos y perspectivas, las bibliotecas dejan de operar como un espacio comunitario de diálogo, pensamiento crítico y ciudadanía informada, convirtiéndose en un terreno delimitado por sesgos ideológicos partidistas. Esta instrumentalización política socava la confianza institucional y debilita la capacidad de las comunidades para formar un juicio propio a través del debate abierto.

Finalmente, el impacto más preocupante de esta dinámica radica en la censura invisible —la autocensura y la omisión preventiva de adquisiciones—, la cual erosiona de forma silenciosa el espíritu fundacional de la Declaración sobre la Libertad de Leer. Romper este principio debilita el papel esencial que desempeñan las bibliotecas como pilares de una sociedad democrática, diversa e informada, haciendo indispensable la defensa activa del libre acceso a la lectura frente a las tendencias autoritarias contemporáneas.

Referencias

American Library Asociation. 1953. “The freedom to read statement”. June 25, 1953.
https://www.ala.org/advocacy/intfreedom/freedomreadstatement

Cochrane, Emily y Sonia A. Rao. 2026. “Library Director in Tennessee Fired for Refusing to Move Gender-Themed Books”. The New York Times, 1 de abril de 2026. https://www.nytimes.com/2026/04/01/us/tennessee-library-luanne-james-firing.htm

Gonçalves, Marcelo S. O., Isabelle Langrock, Jack LaViolette y Katie Spoon. 2024. “Book Bans in Political Context: Evidence from US Schools”. PNAS Nexus 3, n.º 6: 1-9. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae197

Hollerbach, Catherine. 2025.  “Books removed from the United States Naval Academy Library – a local perspective”. Public Libraries Online. June 2, 2025.
https://publiclibrariesonline.org/2025/06/books-removed-from-the-united-states-naval-academy-library-a-local-perspective/

Iyer, Kaanita. 2025. “La Academia Naval retira de su biblioteca casi 400 libros sobre raza, género y sexualidad”. CNN en Español, 6 de abril de 2025. 
https://cnnespanol.cnn.com/2025/04/06/eeuu/academia-naval-libros-raza-genero-sexualidad-trax.

La Jornada. 2026. “Veto de libros en EU no se debe a padres alarmados, sino a motivaciones políticas”. La Jornada, 21 de abril de 2026. 
https://www.jornada.com.mx/2026/04/21/cultura/a02n1cul

List of Removed Books from Nimitz Library 
https://media.defense.gov/2025/Apr/04/2003683009/-1/-1/0/250404-LISTOFREMOVEDBOOKSFROMNIMITZLIBRARY.PDF

Markham, Madison. 2025. The Bills Igniting Book Bans. PEN America, Freedom to Read Program. https://pen.org/report/the-bills-igniting-book-bans/#heading-14

Meehan, Kasey, Sabrina Baêta, Madison Markham y Tasslyn Magnusson. 2024. Banned in the USA: Beyond the Shelves. PEN America, Freedom to Read Program. https://pen.org/report/beyond-the-shelves/

PEN America. 2023. Banned in the USA: The Mounting Pressure to Censor. Freedom to Read Program. https://cdn.pen.org/wp-content/uploads/2023/09/22190927/Banned-Books-Report.pdf

Social Justice Books. 2023. “Our Recommended Banned Books”. Social Justice Books, 7 de julio de 2023. https://www.teachingforchange.org/our-recommended-banned-books

Unite Against Book Bans. Who we are. https://uniteagainstbookbans.org/about/

Vanegas, Santiago. 2026. “"Nunca se había privado a tantos niños del acceso a tantas historias": El crecimiento imparable de la prohibición de libros en escuelas públicas de EE.UU.”. BBC News Mundo, 4 de septiembre de 2026. https://www.bbc.com/mundo/articles/cm2g66y4npro

Yang, Maya. 2026. “Tennessee Library Director Fired After Refusing to Move LGBTQ+-Themed Kids’ Books to Adult Section”. The Guardian, 31 de marzo de 2026. https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/31/tennessee-library-director-fired-lgbtq-books