En el marco de la cultura bibliográfica-bibliotecaria novohispana, varios asuntos prácticamente han pasado inadvertidos en cuanto al patrimonio documental que la Inquisición en México requirió para cumplir con peculiar arrebato su función represora. Entre esos puntos podemos resaltar tres: 1] el fondo bibliográfico que desarrolló ese aparato inquisitorial para satisfacer las necesidades jurídico-documentales del personal a su servicio, 2] los volúmenes que ese organismo acumuló u ordenó reunir y separar por ser dictaminados por los peritos como libros prohibidos, y 3] la colección de libros que bajo su jurisdicción tenían que ser expurgados.

La necesidad de construir una doctrina jurídica trascendente y congruente contra las ideas y sentimientos religiosos imperantes durante la colonia, permite pensar que el Tribunal de la Santa Inquisición tuvo el requerimiento de contar no solamente con bibliotecas ligadas al sistema de poder clerical, como la Palafoxiana, sino también con sus propios recursos de biblioteca y archivo. Los trámites ordinarios del procedimiento inquisitorial (Pallares, 1951, p. 17-23) exigieron responsabilidad de aquel instrumento de dominación bibliográfica, yugo que se sumó a la intolerancia en torno al carácter cuasi público en materia de lectura y, por ende, respecto al uso restringido del servicio de biblioteca.

Así, el aparato inquisitorial en México precisó de un espacio especial para concentrar los libros nocivos que confiscaba. Es decir, los libros sospechosos eran entregados o recogidos por los comisarios, por lo que la Inquisición los turnaba a los calificadores para que ellos los dictaminasen. Si los impresos eran culpables de delitos, entonces: “[…] eran guardados en la ‘cámara del secreto’ del edificio de la Inquisición de México; en otros lugares también había espacios destinados para tal fin, por ejemplo, en los conventos se les bautizó con el característico nombre de «infiernillo»” (Gómez y Tovar, 2009, p. 22). Esto permite inferir que las bibliotecas conventuales y otras de carácter académico-clerical, como en el caso de la Palafoxiana, formaron sus propios infiernillos. Este referente constituye una elocuente estampa del avasallamiento impuesto por el entonces sistema socio-político imperante. La práctica del servicio público de biblioteca como necesidad social y deber del Estado, ante el culturicidio llevado a cabo por la Inquisición, no fue posible a través de la Palafoxiana ni de ninguna otra institución bibliotecaria en el marco del México colonial.      

La Cámara del Secreto de la Inquisición fue el lugar reservado donde se guardaba bajo rigurosa reserva los acervos documentales. Era una especie de Archivo-Biblioteca instalado en las casas de la Inquisición de México. La estructura documental de esa Cámara previó los espacios necesarios para organizar por separado tres tipos de colecciones: 1] los libros necesarios para el trabajo de los comisarios al servicio de la Inquisición, 2] los libros incautados, destinados a calificarse como prohibidos o para ser expurgados, y 3] los expedientes concernientes a los litigios, procesos, querellas y juicios. Esto se sabe gracias a una carta del inquisidor apostólico de Sevilla y visitador de México, Pedro Medina Rico, que el bibliógrafo chileno José Toribio Medina transcribe en su obra Historia del Tribunal del Santo oficio de la Inquisición en México. Un fragmento de esa carta, con fecha del 21 de marzo de 1661, a la letra dice:

Lo que puedo decir más es que el testero del Secreto, que está a la mano derecha mirando á la planta después de la puerta de las dos SS [salas] se ha puesto una librería algo cabal, que tendrá mil cuerpos, porque no todos los inquisidores y fiscales tienen libros, y conviene que aquí los haya para verlos, y en especial los Derechos y Recopilaciones y Partidas y los que tratan lo tocante á la Inquisición, y pareció que comprando éstos de por sí, habían de costar precio considerable y que era mejor comprar los tomos muy buenos  en 800 pesos: si no pareciera á V. A., fácil será venderlos. Al lado siniestro mirando dicho secreto, á donde están las dos bb [bibliotecas], hay una pieza apartada, aunque unida con dicho Secreto, á donde están los libros prohibidos y recogidos; puestos en estantes hay más de otros mil libros; de suerte que el Secreto se divide en tres piezas, una están los notarios y el despacho corriente y allí está la librería del Tribunal; otra adonde están los pleitos fenecidos y protocolos de causas y acabadas y pruebas, y otra adonde están dichos libros prohibidos y recogidos y las dos cajas de tres llaves.  (Medina, 1952, p. 240)

El secreto fue característico en torno a los procesos que realizaba la Inquisición; el secreto fue, en efecto, la peculiaridad en torno a la acción inquisitorial llevada a cabo por los sujetos activos al servicio de la estructura dominante que perseguía el delito en el marco de un Estado teocrático. Si es que en el perfil del secreto inquisitorial se asienta el principal sitio que el Tribunal del Santo oficio de la Inquisición en México construyó para mantener el sigilo de las obras prohibidas. La Cámara del Secreto fungió así como una especie de “cárcel secreta” en donde se confinaron los “delincuentes de papel” (Ramos, 2013). Como toda la documentación inquisitorial se procuró mantener en el secreto, la vigilancia en relación con la custodia de los papeles afectaría también a los libros prohibidos y expurgados que llegaban a las instalaciones de ese aparato represor después de ser secuestrados. El acto de confiscación de obras se basó por estar éstas incluidas en el índice de libros que quebrantaban la fe. Esta cultura del secreto inquisitorial se basó en la guardia y custodia de esos libros (Galván, 2001, p. 106) que eran decomisados. Así que entre los servidores del Santo Oficio destacaban los comisarios letrados del Tribunal Eclesiástico, quienes “exigían una lista de ellos la cual era cotejada con el título de cada uno de los ejemplares. En caso de hallarse uno prohibido, era retenido y enviado a la Cámara del Secreto o en su efecto se arrojaba al fuego, según el dictamen de los inquisidores” (Zapata, 1996, p. 142).

Se tiene noticia que entre las cualidades de aquellos comisarios, súbditos del Tribunal de la Inquisición de México, debían ser la discreción y el secreto. Ellos, como responsables “de visitar las bibliotecas y expendios de libros en busca de obras prohibidas; de recoger los libros y papeles prohibidos” (Martínez, 1983, p. 416), fueron los oficiales indicados de incautar todo material vedado de lectura para someterlo a juicio del Tribunal y así ordenar recluirlo en los sitios secretos de las bibliotecas o a ser enviado a la Cámara del Secreto. La Cartilla de los comisarios del Santo Oficio de la Inquisición en México es uno de los testimonios en torno a la responsabilidad de rastrear para censurar ese tipo de libros:

Si fuere sobre papeles ó libros prohibidos, estampas, pinturas ó figuras obscenas.

Núm. 2

Cómo sabe que el delatado las  tenga: el título de los libros y papeles, ó de qué tratan; si son impresos ó manuscritos, en qué idioma, si enquadernados en pasta ó pergamino; en que parage ó sitio los  tiene ó acostumbra tener; si retirados y ocultos, y qué parte; si sabe ó presume que el delatado tenga licencia de leerlos; qué representan las estampas, pinturas ó figuras que delata, en qué actitud están y en qué consista su indecencia y obscenidad. (Tribunal de la Inquisición en México, 1667, Cartilla de los comisarios, p. 651)

El Index Librorum Prohibitorum revela históricamente la evolución de la intolerancia de ese órgano opresor. Esta fuente de referencia fue avalada por la autoridad eclesiástica como un índice “en beneficio público de los católicos” (Carbonero, 1873, p. 11). Beneficio que se contrapuso con el referente al uso público, al usufructo de la utilidad pública de las colecciones de la Biblioteca Palafoxiana. La observancia en relación con ese catálogo de libros no dejó margen alguno para procurar el valor de la libertad a leer, dentro o fuera de las bibliotecas coloniales. La política eclesiástica inherente a los libros prohibidos y expurgados por la Inquisición de España tenía que ser aplicada diligentemente por el brazo inquisidor de la Nueva España; y las instituciones bibliotecarias novohispanas y sus entornos culturales debían someterse a éste. De tal manera que todos los protagonistas de la lectura en tiempos de la colonia (impresores, libreros, bibliotecarios y lectores) tuvieron que colaborar con el infatigable celo de los señores inquisidores. Como acaparadores absolutos de la cultura bibliográfica, las clases numerosas de la sociedad novohispana permanecieron abandonadas en un mundo de iletrados; sujetas a un nefando analfabetismo. Así, como hemos venido afirmando, las bibliotecas eclesiásticas durante la colonia serían esencialmente para el uso del clero, salvo excepciones, como sucedió en esos tiempos en la ciudad capital de Venezuela:

Era frecuente también que personas particulares tomasen libros prestados; por ejemplo, en el inventario de libros pertenecientes al Obispo Valverde (1740) se hace mención de dos libros (un tomo de Cabrera y cinco tomos de Reinsfestuel) que pertenecían a la biblioteca del Convento de San Francisco, por lo que Fray Diego Rondón, Seráfico Padre San Francisco, pidió les fueran devueltos a su «librería». Este caso nos permite señalar que el préstamo de libros podía hacerse por parte de un particular a una biblioteca «semi-pública».  Sabemos, por ejemplo, que los libros del Convento de San Francisco y los de la Inmaculada Concepción se prestaban a personas integrantes de la comunidad religiosa dentro y fuera del convento, así como a superiores de la institución eclesiástica en la Provincia. La biblioteca de la universidad estaba a disposición de los seminaristas, estudiantes y profesores de la comunidad. En este sentido, estas bibliotecas eran concebidas dentro de la idea de «biblioteca pública», pues estaban a disposición de una comunidad en general, aunque restringida a públicos externos a ella. (Soriano, 2012, p. 125-126).

Observamos así que las nociones de «biblioteca semi-pública» y «biblioteca pública» no son exclusivas en los cuadrantes del servicio bibliotecario novohispano. En otras latitudes de la colonial española la pretensión por este tipo de espacios de lectura y consulta ha sido semejante. Pero los asuntos en relación con «el público» y «lo público» en materia de servicio de biblioteca en tiempos de la colonia es simplemente una vanagloria; una jactancia del obrar restringido de esa naturaleza de servicio en el que el recurso bibliográfico fue extremadamente censurado. En un contexto social en el que predominó la cultura documental de «lo prohibido», de «lo expurgado» y de «lo secreto», la biblioteca pública simplemente no pudo existir. Esta cultura opresiva fue la piedra angular sobre la que se construyó la estructura todopoderosa de la Inquisición; cultura en la que estuvo inserta la Biblioteca Palafoxiana. En este marco hay que recordar que el monopolio del libro y la lectura estuvo en manos de grupos minoritarios de la población novohispana, a saber: de peninsulares y criollos (Gómez, 2004, p. 25), lo que resulta aún más difícil aceptar la interpretación tradicional en relación con la Palafoxiana.  

Referencias

Carbonero y Sol, León. (1873). Indice de los libros prohibidos por el Santo oficio de la inquisición española: desde su primer decreto hasta el último, que espidió en 29 mayo de 1819, y por los rdos; obispos españoles desde esta fecha hasta fin de diciembre de 1872. Valladolid: Editorial Maxtor, 2001. Reproducción de la edición de: Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull.

Galván Rodríguez, Eduardo. (2001). El secreto de la Inquisición Española. España: Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 

Gómez Álvarez, Cristina. (2004). Libros, circulación y lecciones de lo religioso a lo civil (1750-1819). En: Cristina Goméz Álvarez y Miguel Soto. Transición y cultura política: de la colonia al México independiente. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. p. 15-42 

Gómez Álvarez, Cristina; Tovar de Teresa, Guillermo. (2009). Censura y revolución: libros prohibidos por la Inquisición de México (1790-1819). Madrid: Editorial Trama.

Martínez Rosales, Alfonso. (1983). Los comisarios de la Inquisición en la ciudad de San Luis Potosí, 1621-1820. En Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano. México: UNAM. pp. 426-429

Medina, José Toribio. (1952). Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México. 2ª ed. México: Fuente cultural.

Pallares, Eduardo. (1951). El procedimiento inquisitorial. México: Imprenta Universitaria.

Ramos Soriano, José Abel. (2013). Los delincuentes de papel: Inquisición y libros en la Nueva España (1571-1820).  México: Fondo de Cultura Económica; Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Soriano, Cristina. (2012). Buscar libros en una ciudad sin imprenta: la circulación de los libros en la Caracas de finales del siglo XVIII. En: Pedro Rueda, dir. El libro en circulación en mundo moderno en España y Latinoamérica. Madrid: Calambur. p. 109-127

Tribunal de la Inquisición en México. [1667]. Cartilla de los comisarios del Santo Oficio de la Inquisición en México. Impreso en la Ciudad de México, Ramo Inquisición, vol. 1519, exp. 5, folios 276r-293v

Zapata Aguilar, Gerardo. (1996). Libros prohibidos en el noreste de México. En Biblioteca antiguas de Nuevo León. p. 141-148