Este paradigma, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, comenzó a configurarse paulatinamente. Pero la praxis de la relación entre «bibliotecas y democracia» es cultura del siglo XX. Cuando se trata de analizar este nexo en la literatura bibliotecológica, predomina la unión de la democracia con la biblioteca pública. Y es así porque es esta institución bibliotecaria la que mejor puede y debe adoptar y ejercitar los valores centrales de la democracia, esto es: la libertad, la igualdad y la justicia (entre otros principios derivados o periféricos). El pensamiento y la acción (la praxis) que anuda el servicio público de biblioteca con el fenómeno político y social de la democracia, proyectan a este tipo de centro bibliotecario como el:

1] Espacio para la práctica de la libertad de leer; de elegir el título, el tema o el autor que les plazca a los usuarios. 

2] Sitio de promoción de la igualdad social en relación con el uso de las colecciones y del beneficio de los servicios al público que se brinda a la sociedad, y

3] Lugar de información para la obtención del conocimiento que permita a la ciudadanía reconocer derechos y obligaciones, fundamento cultural de la justicia.   

En razón de esta perspectiva multidimensional, podemos estar en cierta manera de acuerdo en que:

[...] la biblioteca pública contiene un gran potencial de intervención en las dinámicas socioeconómicas, pudiendo contribuir, de forma más o menos directa, a corregir injusticias y desigualdades sociales, económicas o culturales, y a reequilibrar las posibilidades de desarrollo personal de los individuos al margen de cual sea su suerte en la vida [...] la biblioteca pública es [...] una institución estrechamente ligada a la idea de ciudadanía.

En la sociedad democrática, la biblioteca pública se concibe como una institución que garantiza y defiende la libertad del individuo, su acceso al aprendizaje de la convivencia y a la práctica de la tolerancia. La biblioteca asegura el acceso tanto a las ideas que uno aprueba e incluso comparte como a las que desaprueba y odia, pero que otras personas pueden apreciar. (Llano, 1997, p. 31).

El profesor de biblioteconomía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, Javier Lasso de la Vega (1892-1990), aseveraría en la primera mitad del siglo XX:

Para que un pueblo pueda vivir en régimen democrático y, por tanto, decidir su destino, elegir sus representantes, etcétera, necesita estar capacitado para pensar por sí mismo. Sin libros, sin prensa, sin bibliotecas, España no podrá ser un país democrático jamás. (Lasso, 1934, p. 10)

En los regímenes democráticos, allí donde la elección de los gobernantes y la dirección de la política están encomendadas al ciudadano, es de todo punto necesario educar, capacitar a la masa, a la muchedumbre, al pueblo, y a éste no le prepara una escuela que se abandona a los nueve años, y mucho menos un Instituto o una Universidad que la masa no pisa. La biblioteca pública y el bibliotecario, ésa es la institución educativa primordial». (Lasso, 1934, p. 15).

Resulta significativa esta apreciación no solamente en virtud del año que data, sino también por la forma expresiva que alcanza. Las bibliotecas, en general, y las bibliotecas públicas, en particular, son necesarias para vivir en democracia porque, según se puede inferir, esta especie de servicio público apunta hacia la formación de un pueblo educado. Visión con la que otro autor anglosajón  (Grattan, 1938, pp. 8-10), coetáneo de Lasso, coincidiría en forma general con aquel docente español. No en balde existe un gran consenso cuando se afirma que las bibliotecas, independientemente de su tipo, desempeñan una clara función de educación. Si la democracia, como forma de vida, no puede existir sin educación (formal e informal) y, consecuentemente, sin una ciudadanía educada, entontes tampoco puede existir una democracia con elevados estándares de civilidad  si los ciudadanos, de ambos géneros, no tienen a su alcance los indispensables servicios públicos bibliotecarios que el Estado tiene la obligación de suministrarles. Se piensa así porque el Estado es, acorde con la teoría política, una compleja organización de servicios públicos que deben ser creados, desarrollados y actualizados para asistir al pueblo, el ente soberano de una república democrática.        

Pero no es suficiente con que el Estado provea democráticamente a la población de bibliotecas públicas. Para alcanzar el atributo de un pueblo educado, por ende, para lograr el rasgo de una democracia educada (Worpole, 1995), es menester que los diferentes grupos sociales, conformados por una gran diversidad de extractos y clases sociales, hagan uso sistemática y constantemente de las colecciones y de los servicios que ofrecen esas instituciones. Pero para que esto sea así, es indispensable que el pueblo satisfaga, primera o paralelamente, sus necesidades básicas de alimentación, vestido, habitación, trabajo, educación y salud. Mientras grandes capas de la sociedad no satisfagan estas necesidades que están estrechamente relacionadas con la categoría de los derechos humanos, es poco probable que el ama de casa, el obrero, el profesionista, el artesano, el campesino entre otros, puedan hacer uso de las bibliotecas que deben estar al servicio de todos.

Pensar en la noción de servicios públicos bibliotecarios para «todos», entraña reflexionar democráticamente, es decir:

Las instituciones educativas de todo género, los campos deportivos, las bibliotecas, los organismos sanitarios, etc., no se establecen como un privilegio de unos ciudadanos con olvido de otros, sino para la satisfacción de las necesidades materiales y morales de todos, como corresponde a un verdadero régimen democrático como el nuestro. (López, 1968, p. 117)

Cuando el gobierno, gestor del Estado, no atiende, por omisión o comisión, por olvido o incuria, a los grupos vulnerables en materia de servicio público de biblioteca, la política pública en cuanto a «bibliotecas generales para todos» no solamente deja que desear, sino que también la autoridad estatal no está actuando políticamente con espíritu democrático. Cualquier discurso gubernamental sobre bibliotecas públicas con matiz de cultura democrática no es más que demagogia o simple electoralismo en el ejercicio de la política. Pero este descuido referente a la política cultural bibliotecaria no solamente es problema de los gobernantes, también es problema de los gobernados que deben exigir más y mejores centros bibliotecarios públicos. Y entre los segundos cabe destacar dos grupos: 1] los usuarios-ciudadanos que pertenecen a diferentes grupos sociales y 2] los trabajadores que, en su condición igualmente de ciudadanos, laboran en ese tipo de bibliotecas. Contar con un sistema democrático de bibliotecas públicas atañe tanto a quienes gobiernan como a quienes son gobernados.

La idea de que las bibliotecas son necesarias para la democracia se funda, principalmente, en la relación «bibliotecas y educación» al afirmarse:

“La democracia se basa, y se ha basado siempre, sobre la teoría que los hombres son educables, y es por esta razón que los países democráticos han apoyado sistemas educativos gratuitos.” [...]. Las bibliotecas públicas gratuitas son instituciones imprescindibles para lograr este fin. (Grattan, 1938, p. 8).

Los educadores que no han abandonado la esperanza de educar a los ciudadanos de los países que sirven están mirando cada vez más a las bibliotecas como parte del equipo educativo de la nación. (Grattan, 1938, p. 9).

Pero el paradigma que nos ocupa no se ha estancado en el nexo aludido, sino que ha seguido progresando hasta alcanzar otras articulaciones, tales como: «bibliotecas y ciudadanía». Es el arquetipo ciudadano-democrático el que nos permite minar la noción de “cliente”  que ha intentado sustituir el término de lector o usuario de  la biblioteca pública; por lo tanto, es la unidad epistemológica en la que podemos apoyarnos para defender el principio de gratuidad del servicio público de biblioteca, en general, y el de servicio de biblioteca pública, en particular.    

Así las cosas, a través del análisis y el estudio del paradigma democrático de la biblioteca pública podemos vislumbrar que existen otros paradigmas que se erigen como bases sólidas de la unión «bibliotecas públicas, ciudadanía y democracia». Esos paradigmas son: el ambulante, el rural, el popular, el comunitario, el multicultural  y, últimamente, el electrónico o el digital. Y seguramente, si ampliamos y profundizamos nuestras reflexiones, podremos avizorar otros paradigmas que tracen con mayor claridad el fenómeno de la biblioteca para todos.        

Referencias

Grattan, C. Hartley. (1938). Libraries: a necessity for democracy. Sydney: The Free Library Movement.

Lasso de la Vega, Javier (1934). Política bibliotecaria. Boletín de Bibliotecas y Bibliografía. I (2), pp. 10-15

Llano, Xilberto. (1997). La biblioteca en el medio rural: reflexiones. España: Trea.

López Rosado, Felipe. (1968). Vida cívica y juventud. México: Editorial Porrúa.

Worpole, K. (1995). Libraries: the key to an educated democracy. Public Library Journal. 10 (4): 106-107