Una de las atribuciones de todo Estado, estructura e institución política suprema de un conglomerado humano, es la creación de un cuerpo de disposiciones que norme las políticas públicas de información documental existente para que este bien público sea utilizado por toda la sociedad. En este sentido, los dos elementos que intervienen en este entramado sociopolítico son: gobierno y pueblo. El primero está conformado por los diferentes representantes institucionales que integran el poder público (presidencias, secretarías, ministerios, parlamentos, departamentos, etcétera.); el segundo lo constituyen las diversas clases, estamentos y grupos sociales.

Es decir, el gobierno representa la agrupación política y el pueblo la sociedad civil; en otros términos, y de acuerdo con la teoría política, el gobierno es el aparato regulador y la sociedad la beneficiaria de las políticas públicas viables para la utilización de la información documental dentro de un Estado, máximo ente resultante de las facultades políticas de una nación asentada en un territorio determinado. En este orden de interpretación, la biblioteca pública está estrechamente relacionada con los tres elementos torales del Estado: el gobierno, el pueblo y el territorio.

Las líneas anteriores hacen entrever que todo ejercicio en torno del desarrollo de un cuerpo legislativo sobre este tipo de políticas tienda a crearse con propósitos democráticos y garantizar así el beneficio de todo individuo. Sin embargo, la realidad nos muestra que el fenómeno de la democracia en el campo del uso de la infraestructura documental (bibliotecas, centros de documentación, archivos, librerías, editoriales, prensa escrita, etcétera) de un país pobre, por un lado, y capitalista, por el otro, a menudo se deteriora por un cúmulo de problemas causados por numerosas agravantes, lo que ocasiona irremediablemente severas crisis respecto al acceso a las fuentes bibliográficas (libros, revistas, periódicos, y otros tipos de impresos). Pensemos someramente el caso de las bibliotecas públicas en naciones de escaso desarrollo, es decir, del desarrollo ajeno, esto es, del desarrollo de los países ricos.

En efecto, cotidianamente percibimos que el acceso a la información que ofrecen esas bibliotecas se estropea, directa o indirectamente, por múltiples fenómenos:

1] sociales (desempleo, pobreza extrema, desintegración social, violencia, impunidad)

2] culturales (analfabetismo, escaso nivel educativo)

3] políticos (guerras, golpes y crímenes de Estado)

4] económicos (deuda externa, salarios ínfimos, devaluación de la moneda)

5] morales (corrupción, enriquecimiento ilícito, censura)

6] salubres (epidemias, elevadas tasas de mortalidad infantil, afecciones diversas).

Cada uno de estos problemas genera serios bretes en la esfera de las políticas públicas de la información documental (en particular la información que deben ofrecer las bibliotecas públicas) pues ponen en entredicho la democracia que manifiestan practicar los gobiernos de esos países, y de la que tanto se ufanan en sus discursos e informes algunos funcionarios que están al servicio primordialmente de los privilegios internos e inversiones extranjeras.

Un país pobre asolado por el capitalismo, por ejemplo, puede tener (en apariencia comúnmente) una amplia red de bibliotecas públicas a todo lo largo y ancho de su territorio, pero ese patrimonio bibliográfico es subutilizado cuando el pueblo enfrenta problemas que sólo le permiten sobrevivir. Según la teoría de la biblioteca pública, en virtud de las características de sus colecciones y servicios que ofrece, todo ciudadano tiene (o debe tener) acceso a ella. Empero, es un hecho que en la realidad un individuo en edad para estudiar y mantenerse informado pero con deficiente nutrición y pobre capacidad de concentración, desventajas derivadas de múltiples problemas como los antes apuntados, no tiene las suficientes energías para acudir y sostener prolongados o asiduos periodos de lectura en aquellos recintos destinados a la información bibliográfica pública.

Desde esta arista, la debilidad física y psíquica de las mayorías de los usuarios potenciales, representa una delicada barrera para acceder a las fuentes de información escrita, obstáculo que viven los países peyorativamente denominados subdesarrollados, esto es, aquellos pueblos que durante siglos han padecido el agravio del colonialismo e imperialismo capitalista; sistemas político-económicos que han multiplicado el hambre, han concentrado en una cuantas manos la riqueza, han expandido la pobreza extrema y han multiplicado fenómenos mercantilistas al por mayor, tales como: la prostitución en general y la prostitución infantil en particular, el alcoholismo, la drogadicción y otras lacras sociales que socavan la salud, la economía  y la dignidad de la ciudadanía.

Sabemos que a esta barrera con frecuencia se le antepone argumentos de carácter cultural, como el analfabetismo funcional y el bajo índice educativo, pero esto es relativo. En última instancia estas razones pedagógicas son lastres principalmente de la paupérrima justicia social que imparten los gobiernos de estos países.

Como se puede observar, varios puntos del célebre Manifiesto de la Unesco sobre la Biblioteca Pública, redactado en 1949 y revisado en 1972 y 1994 (“The Unesco public library manifiesto”. Libri. Vol. 44, no. 2, 1994; pp. 171-173) son inoperantes en diversas sociedades de América Latina, África y Asia a causa de las seis grandes categorías de problemas señalados. Es una quimera, por ejemplo, que la biblioteca pública en esas regiones sea una muestra “de la democracia en la educación para todos y en todas las edades”, cuando para las masas populares les está vedado utilizar las fuentes de información públicas a consecuencia de los escasos recursos que tienen a su alcance para satisfacer sus necesidades más elementales.

Las estadísticas oficiales en materia de bibliotecas públicas, si es que las desarrollan en esas naciones, no son confiables porque comúnmente son adulteradas. Intentan reflejar que los territorios nacionales están sembrados de ese tipo de centros culturales, que cada uno tiene numerosas y ricas colecciones y que acuden anualmente una multitud de usuarios. La realidad es otra. Las escasas bibliotecas que existen en relación con el número de habitantes presentan colecciones expurgadas o poco atractivas a las necesidades de la población y carecen de personal eficiente y suficiente para atender principalmente a usuarios-estudiantes. En contraste, continúan predominando las cantinas (para embrutecer) e iglesias (para resignar) en poblados y ciudades a donde acude la mayoría de los ciudadanos formales para evadir los problemas originados por la marginación impuesta en que viven.

La eficiencia de un sistema de bibliotecas públicas no se debería ponderar sólo por el número que existe de ellas ni por número de volúmenes que cada una guarda, sino también por la cantidad y tipo de usuarios que se benefician de las mismas, específicamente de las obras que albergan, pues hay usuarios-estudiantes que sólo acuden a hacer uso de la sala de lectura porque en sus hogares no tienen el espacio ni el ambiente propicios para concentrarse en el estudio particularmente de sus libros de texto o, simplemente, apuntes de clase.

Acorde con las circunstancias de estas naciones, vemos con desaliento que varios grupos sociales (obreros, campesinos, amas de casa, oficinistas, subempleados, desempleados, etcétera) tienen evidentes obstáculos para acceder a estas unidades públicas de información bibliográfica. Desde esta perspectiva, este tipo de bibliotecas, pese a sus características, son recintos privilegiados para quienes tienen tiempo, vitalidad y salud suficientes en una sociedad empantanada por la problemática tercermundista y asolada por el fantasma del capitalismo en su máxima expansión; la biblioteca pública en la práctica representa el papel de biblioteca escolar, condenando de esta forma a millones de usuarios potenciales al empobrecimiento intelectual y espiritual, lo que genera una sociedad apática e inconsciente políticamente, fenómeno por el que apuesta la clase dominante para mantener a las  clases subalternas sin el patrimonio teórico indispensable y evitar así que reclamen justicia social al gobierno en turno. Resultado: pueblos mansos, brazos baratos y sociedades, salvo excepciones, indiferentes, despolitizadas, desunidas, desideologizadas, insolidarias.

Es un hecho que el desvío de fondos económicos del erario para el sostenimiento del «orden social capitalista» a través del aparato represivo de Estado (policía, ejército, cárceles, tribunales), restringe severamente los recursos para resolver la telaraña de problemas apuntados; así como para financiar una óptima red de bibliotecas públicas propiamente dichas, que alcancen: 1] los puntos geográficos más remotos en donde habita la población marginada y 2] los hacinamientos urbanos donde se concentran grandes grupos de ciudadanos excluidos. Ambos sectores inhumanamente vilipendiados cada día por los que detentan el poder y el capital, dueños absolutos comúnmente de los medios materiales e intelectuales de producción. De esta forma, la cultura del garrote predomina (la represión) y la bibliográfica (imprentas y librerías) y bibliotecaria, cuantitativa y cualitativa, escasea. Resultado: temor, resentimiento, ignorancia, dependencia, violencia y corrupción.

De tal suerte que mientras el pueblo esté obligado a medio comer y a dormir con los ojos abiertos, por la incertidumbre que genera la ausencia de una genuina justicia social, las bibliotecas públicas en las naciones capitalistas del Tercer Mundo continuarán como hasta hoy, lejanas de los grupos socialmente marginados e inalcanzable para el grueso de la población. Mientras las masas hambrientas se les sigan ocultando el pan, entre otras satisfactores humanos, las expectativas de las bibliotecas públicas no se cumplirán cabalmente y continuarán adulterando sus funciones en el seno de la sociedad. Por ende, el Manifiesto señalado seguirá representando únicamente una proclama idealista, un anhelo lejos de alcanzar en cuanto a los principios fundamentales de democracia que sostiene (véase al respecto: “Manifiesto de la Unesco sobre la Biblioteca Pública: un texto en revisión”. Educación y Biblioteca. Año 5, no. 37, mayo 1993; pp. 6-7).

En suma, es posible afirmar que la biblioteca pública en los países pobres no es una prioridad social, pues el régimen capitalista, regenteado por la política neoliberal, no la favorece ya que entra, dada la naturaleza de este servicio público, en franca contradicción con el orden social que engendra el capitalismo. Así, resulta difícil que este tipo de recinto bibliotecario mantenga un desarrollo sostenido en esas naciones, aún y cuando sus comunidades bibliotecarias han venido reconociendo que la biblioteca pública es:

1] un servicio gratuito para el ciudadano,

2] un sitio estratégico para ejercer el derecho humano a la información,

3] un instrumento de progreso social,

4] un factor de desarrollo para los diferentes estratos sociales,

5] un centro esencial en la formación de los niños y jóvenes como lectores,

6] una ayuda para abatir el lastre del analfabetismo,

7] una piedra angular para potenciar y salvaguardar la democracia.

Por todo esto, y dicho de manera metafórica, a lo largo del siglo XX se afirmó que la biblioteca pública es la universidad del pueblo. En este orden de cosas, esta categoría de biblioteca representa a veces una excelente bandera política para las diversas fuerzas partidistas que pugnan por la toma o el sostén del poder público, de tal suerte que los políticos prometen y prometen en la prensa liberal el mejoramiento sistemático de estos espacios culturales, pero poco o nada se cumple al respecto, por lo que las quejas y exigencias por parte del gremio en esa prensa y en los eventos profesionales son frecuentes y repetitivas año tras año. Lo que los profesionales de la información bibliográfica no alcanzan a vislumbrar son las profundas y graves paradojas que existen en el seno de la sociedad capitalista, las cuales son los principales óbices para hacer cumplir las funciones reales de las bibliotecas públicas, urbanas y rurales. Esta falta de visión sociológica entre nuestros colegas se debe, sin duda, a la formación técnico-administrativa que principalmente se privilegia en las escuelas de bibliotecología, si es que estos centros de formación de bibliotecarios existen en esos países. Por esto, es necesario formular y reformular los planes de estudio de la bibliotecología y ciencia de la información desde una óptica no solamente social sino también política, tanto en el nivel de licenciatura como de posgrado.

Nota
* Conferencia presentada en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, La Habana, Cuba. El 5 de agosto de 2003. Más tarde este texto figuró en el sitio Web del Círculo de Estudios sobre Bibliotecología Política y Social (CEBI),  hoy desaparecido de Internet