Los centros bibliotecarios en la esfera del Estado de democracia se observan como un bien público porque ellos son una aspiración social de acceso libre para los gobernados conscientes de la necesidad de acceso a la información documental, y un componente de las políticas públicas de los gobernantes que se identifican con el bien común. Los gobernados o parte de ellos anhelan y exigen tener bibliotecas porque éstas configuran una plataforma idónea para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevan a cabo escuelas y universidades; conforman un elemento de la política gubernamental porque permiten ofrecer bienes y servicios bibliotecarios que ayudan a regular la convivencia social dentro de un marco de libertad, justicia, e igualdad. Acorde con esto, el objeto institucional de la bibliotecología se contempla como parte de los espacios públicos que el Estado requiere para la convivencia democrática de los individuos. De modo que la distribución y el funcionamiento las entidades bibliotecarias se determina que son buenos parámetros para apreciar el grado de democracia que un Estado tiene. Cuando las bibliotecas se ven reducidas en su obrar o cuando no existe una distribución y asignación justa de esos recursos entre la población, es una señal que el Estado adolece de visión política y voluntad democrática. Pueden considerarse entonces a las instituciones que nos atañen como un ejemplo típico de bien de uso público, ya que se trata de un servicio de utilidad pública y demanda social que beneficia, directa o indirectamente, a toda la estructura político-social del Estado. Bajo este razonamiento se estima que el Estado democrático debe promover, dentro de la ley, la creación, el desarrollo y mejoramiento de las bibliotecas que ayuden a mitigar entre la población la desigualdad de oportunidades de acceso a la información.

La condición necesaria de todo Estado democrático es la protección de las libertades públicas, tales como las siguientes: libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de información, libertad ideológica, libertad de imprenta, entre otras complementarias o accesorias, vías por medio de las cuales los ciudadanos pueden dirigirse a sus gobernantes para exigir más y mejor igualdad y justicia. En este cuadrante teórico cobra particular importancia la relación «bibliotecas y libertades», pues el valor democrático de la libertad es el atributo que define al ciudadano. De tal modo que «democracia y ciudadanía», en el marco del Estado moderno, se une al nexo «bibliotecas e información» porque no es posible hablar de una democracia real sin ciudadanos informados que no aspiren a tener a su alcance instituciones que les garanticen  plenamente esas libertades; y porque la cualidad de ciudadano implica el uso pleno de la razón, base de la libertad en general y de la libertad de acceso a la información en particular que los centros bibliotecarios se les convoca, a través de manifiestos, declaraciones y leyes, a practicar abiertamente. Por todo esto, las instituciones bibliotecarias en el contexto del Estado democrático no pueden ni deben lograrse al margen de la democracia. En este entendido, las personas al servicio de esas entidades culturales deben conocer y aplicar el diagrama axiológico (prácticas de respeto, tolerancia, solidaridad, legalidad, diálogo, pluralidad, consenso, honestidad, apego a la verdad, etcétera) que atañe a sus centros de trabajo; se deben entonces interesar por lo que concierne a lo público, al interés común que influye en ese medio precisamente para conseguir el bienestar colectivo que, en última instancia, es también una manera de alcanzar el bienestar individual. De tal suerte que el objeto institucional de estudio de la bibliotecología juega un papel central, según se puede columbrar, en el proceso que comprende desarrollo ciudadano democrático, el cual supone un equilibrio entre responsabilidad individual y responsabilidad social.

El análisis entre «bibliotecas y democracia» identifica a este tipo de instituciones culturales como fuentes de valores, deberes y virtudes sociales en los que se debe y puede educar cívicamente a los individuos. En este escenario, se percibe la relevante tarea de las bibliotecas de coadyuvar a capacitar cívicamente a la ciudadanía para que ella se base racionalmente en la promoción alerta de sus derechos y obligaciones que el marco jurídico del Estado dispensa.  El propósito es la formación de personas que puedan mantener con perspectiva democrática su comunidad política y conducir así con efectividad sus vidas dentro de ella. Desde este punto de vista, es compromiso social de los centros bibliotecarios públicos auxiliar para que cada vez más los ciudadanos se involucren en la esfera pública con conocimientos y destrezas que les permitan desarrollar su sentido de responsabilidad hacia la comunidad que pertenecen. Por este motivo, las bibliotecas de los diferentes sectores de la sociedad están llamadas, en la teoría y en los documentos declarativos de diverso alcance, a colaborar en la enseñanza de la educación cívica, no en un sentido curricular, sino como parte de una estrategia más integral orientada a la construcción de una cultura de la democracia, en la que la ciudadanía con actuar democrático sea el resultante básico. La creación y el desarrollo de bibliotecas en los Estados contemporáneos son una aspiración política de algunos gobernantes, porque a través del funcionamiento de ellas se hace patente el espacio público que apunta hacia la satisfacción de las necesidades que presenta la ciudadanía en materia de información.

Se aprecia, en suma, que es poco realista pensar que una ciudadanía democrática logre sostenerse sin una cultura democrática y ésta sin una cultura de la información. En este sentido, los fondos bibliográficos y la gama de servicios que ofrecen las bibliotecas resultan insumos de primera línea para el desarrollo de capacidades que permitan el auge de la participación ciudadana, no obstante que estas instituciones de bienes y servicios pasan comúnmente inadvertidas por aquellos teóricos y políticos que reflexionan en torno a temas como educación cívica, cultura política y asuntos afines. En razón a esto, es necesario que desde la perspectiva bibliotecológica se muestre cada vez más que al sistema escolar obligatorio, gratuito y laico, en el contexto del Estado de democracia, es menester considerar también al sistema bibliotecario público, en el sentido más amplio y profundo de lo que significa lo público. De ahí que es tarea del bibliotecólogo referir con claridad que la construcción de un modelo democrático de país no es posible si no se cuenta con ambos sistemas. Este enfoque estriba en pensar que si para la existencia de ciudadanos educados e informados es una de las mejores garantías para la democracia, entonces no es posible sólo pensar en escuelas, sino también en bibliotecas de diversa índole. Quienes se involucran en el proceso que implica construcción de una ciudadanía democrática requieren reconocer la relevancia que tienen tanto las escuelas como las bibliotecas. Esto exige simultáneamente contar con dos circuitos institucionales de acceso al conocimiento: el de la educación formal y el de la información documental, los cuales permitan al individuo tener los elementos indispensables para deliberar y concertar con otros ciudadanos sobre la multiplicidad de asuntos públicos. En razón de esto, si la educación adquirida en las aulas se considera un requisito para la formación de una buena ciudadanía, la biblioteca entonces es un requisito tanto para la educación como para la construcción de una ciudadanía políticamente educada e informada. La apatía política, la injusticia, el racismo, la violación a los derechos humanos, la inmoralidad pública, entre otras lacras sociales,  son problemas de educación cívica que demandan, además de formación escolar y académica, frecuencia de lectura y consulta de una gran variedad de fuentes bibliográficas que se hallan en las entidades de información que nos ocupan.          

Si la ciudadanía es la condición que permite a las personas franquear el umbral que existe entre la esfera privada y la pública, entonces la calidad ciudadana comienza a configurarse cuando los hombres y las mujeres advierten la necesidad de contar con información de lo que ocurre más allá de sus hogares. Con base en esta idea, es importante notar que algunos tipos de bibliotecas desarrollen colecciones de periódicos (sin olvidar los de la prensa alternativa) de circulación nacional y local, pues estos acervos son los que principalmente dotan de recursos a los ciudadanos para que ellos logren discernir, edificar crítica y razonar sobre su comunidad política. Por esto, a la consolidación del acceso a las instituciones educativas se observa que debemos procurar incluir, teórica y prácticamente en los cuadrantes de la democracia, el acceso a las instituciones bibliotecarias, ya que es poco convincente afirmar que las escuelas por sí solas construyan una ciudadanía democrática, pues las personas pueden aprender también a ser ciudadanos responsables en muchos otros espacios, entre ellos, los centros bibliotecarios.