Después del omnímodo control bibliográfico que ejerció la Iglesia durante mucho tiempo, a mediados del siglo XIX el Estado obligó al clero a cumplir los designios de la política liberal. Las leyes reformistas serían las normas fundamentales que provocaron en el México independiente un auténtico giro socio-político en materia de bibliotecas. Para tal efecto, lo esencial de ese viraje fue la nueva estructura originada por la separación entre la Iglesia y el Estado. Política estatal que produjo la necesidad política y social de crear «la biblioteca de servicio público» como una de las aspiraciones culturales de los dirigentes de la República, intención que afectó a todas las bibliotecas que funcionaban en el entorno clerical. La Biblioteca Palafoxiana, como biblioteca novohispana perteneciente al clero, formaría parte de ese proyecto cultural de cambio.

El desarrollo político del proyecto liberal durante el siglo XIX se fundamentó, subrayemos, en tres asuntos esenciales: 1] la eliminación de la censura clerical, 2] la libertad de pensamiento y 3] el acceso libre a las bibliotecas. La evolución social del proyecto liberal bibliotecario consistió asimismo en tres temas culturales: 1] la apertura de las bibliotecas al público en general, 2] el carácter de las bibliotecas como instrumento de instrucción pública y 3] el financiamiento de esas instituciones con fondos públicos. En este sentido, el plan de formación, apertura y uso de bibliotecas religiosas debía cambiar radicalmente para emprender la creación, el desarrollo y la consolidación de bibliotecas abiertas al servicio de la población para terminar así con el monopolio del restringido servicio de biblioteca, administrado ordinariamente por la Iglesia.

Así pues, el desenvolvimiento de la idea de la biblioteca de servicio público va unido a principios y valores cívicos concernientes a una nueva forma de gobierno, a la voluntad republicana de instruir al pueblo, a la necesidad social de contar con instrumentos culturales (prensa, literatura, educación; imprentas, librerías, bibliotecas) para apoyar la política reformista de los liberales mexicanos. Ante esto hubo un serio problema: la insuficiente infraestructura para favorecer a la gran mayoría de la nación. Las intenciones de cambio eran buenas pero los medios eran casi inexistentes.      

Nos hemos referido ya a la escasez de bibliotecas públicas en esos tiempos. Para reafirmar la insuficiencia de recursos sobre esta materia, recurramos a la Guía de forasteros y conocimientos útiles, obra publicada a mediados del decimonónico en donde su autor, Juan Nepomuceno Almonte, escribiera un interesante contraste sobre el estado que guardaban tanto las “bibliotecas públicas” como las bibliotecas particulares:

De las primeras, hay en la capital tres, que son: la de la Catedral, que consta de más de trece mil volúmenes impresos y manuscritos; la de la Universidad, que tiene nueve mil y la de San Gregorio con más de cuatro mil. Además de estas, hay otras librerías y gabinetes de lectura, pertenecientes a particulares, cuyas obras puede leer el público pagando el precio de suscripción establecido en ellos.

Aunque, como se ve, es todavía muy reducido en México el número de bibliotecas públicas, no sucede lo mismo respecto de las particulares, pues de estas hay multitud, en las que se encuentran desde 200 hasta 8000 y mas volúmenes, pudiendo asegurarse que en toda la América española no hay nación alguna en que se hallen tantas y tan ricas colecciones de libros y de instrumentos para el estudio de las ciencias, como las que ecsinten (sic) en la república mexicana.

Entre las bibliotecas destinadas para el uso de los colegios, merecen citarse la de San Juan de Letrán, que consta hoy de once á doce mil volúmenes, y la de S. Ildefonso, que tiene ocho mil trescientos setenta y uno (Almonte, 1852, p. 485).

Covo (1983, pp. 275 y 312-313), en su dilatada obra Las ideas de la reforma en México, al referirse a este asunto asevera que en México “no existen bibliotecas públicas, excepto” las que cita Almonte en su libro de consulta, pero eran “las tres clericales, naturalmente” al servicio de quienes encarnaban el sistema teocrático. Bibliotecas con el membrete de “públicas” pero en realidad con las peculiaridades de bibliotecas clericales, legado bibliográfico-teologal de la colonia. Se trata del mismo panorama en relación con la Biblioteca Palafoxiana, institución bibliotecaria que a pesar de su relevante estatus en el México decimonónico, Almonte la ignoró al no mencionarla entre aquellas bibliotecas académico-religiosas ubicadas “en la república mexicana” con muy precario servicio al público.  La reputación de esa biblioteca poblana Osorio (1988, p. 94) la avala cuando escribe:

Al llegar a la mitad del siglo XIX la Biblioteca Palafoxiana sobresalía entre las no menos importantes bibliotecas conventuales de Puebla y podía equipararse dignamente con las famosas bibliotecas de la Ciudad de México como la Turriana, la del Colegio de Todos los Santos, la del Colegio de San Juan de Letrán, la de la Universidad y la del Colegio de San Ildefonso.

La falta de bibliotecas públicas, en el orden social del México independiente, era fehaciente. Aquellos centros bibliotecarios que representaban, como la Palafoxiana, una cultura que políticamente había sido condenada a caducar como puntal del viejo orden colonial, debían transformarse. Para cultivar la inteligencia del pueblo mexicano era menester contar con bibliotecas de carácter público, cuyo personal practicase la política de atender y satisfacer las nuevas necesidades que implicaban lectura pública. Así, las bibliotecas conventuales, entre ellas la Palafoxiana, debieron convertirse en instrumentos materiales e intelectuales del nuevo orden social. Al reconfigurarse como servicio público, esa biblioteca poblana debía dejar de ser el espacio de privilegio para colaborar en el desarrollo del proyecto liberal bibliotecario. Propósito histórico que contempló como política axial la transformación y creación de bibliotecas al servicio de la nación republicana, sistema político que procuró proteger la libertad de imprenta y el derecho a leer. Herrero (2007, p. 71) en el contexto de la biblioteca pública decimonónica asevera: “La biblioteca ya no es un instrumento de privilegio; ahora se entiende como un servicio público capaz de facilitar la instrucción popular y convertir a cada ciudadano en persona dueña de su propio destino”. Había llegado la hora de suprimir la lectura del catecismo y de fomentar la lectura de las leyes fundamentales, como infiere Bermúdez (1988. p. 128).

Referencias

Almonte, Juan Nepomuceno. (1852). Guía de forasteros y repertorio de conocimientos útiles. México: Imprenta de I. Cumplido.

Bermúdez, María Teresa. (1988). Las leyes, los libros de texto y la lectura: 1857-1876. En Historia de la lectura en México. México: Ediciones del Ermitaño: El Colegio de México.

Covo, Jacqueline. (1983). Las ideas de la reforma en México (1855-1861). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Herrero Bervera, Carlos. (2007). Las bibliotecas en México: 1821-1850. En Carmen Vázquez Mantecón, Carlos Herrero Bervera, Alfonso Flamenco Ramírez. La Biblioteca Nacional de México 1810-1910: las bibliotecas mexicanas en el siglo XIX. México: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.   

Osorio Romero, Ignacio. (1988). Historia de las bibliotecas en Puebla. México: SEP, Dirección General de Bibliotecas.